La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha presentado un decreto ley con su primer paquete de medidas al frente del nuevo Gobierno.

Entre ellas, figura una norma para prohibir las fiestas rave, la cual introducía en el artículo 5 del Código Penal un nuevo tipo de delito sobre "la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública".

Los partidos de la oposición han rechazado esta ley al considerarla liberticida ya que podría aplicarse también a otra serie de concentraciones y manifestaciones, como las protestas estudiantiles en institutos o universidades. 

El delito prevé una pena de entre tres y seis años de prisión y multa de entre 1.000 y 10.000 euros para quienes "organicen o promuevan" la reunión.

Esta medida se ha adoptado después de que el fin de semana se celebrara una "rave" ilegal en una nave agrícola de Módena, en el centro de Italia, con la presencia de hasta 3.000 jóvenes.

El nuevo ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ordenó a la policía que desalojara el lugar y la fiesta terminó antes de tiempo. 

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Opiniones divididas

Andrea Orlando, del Partido Demócrata (PD), ha advertido: "La ley antirave hay que leerla con mucho cuidado. Además de los castigos desproporcionados, puede que no solo se aplique a las raves"

El secretario saliente del PD, Enrico Letta, calificó la ley de "un gravísimo error" y aseguró que "las raves no tienen nada que ver con una regla similar" y que "es la libertad de los ciudadanos la que se cuestiona" y pidió su retirada.

El Ministerio del Interior respondió a las críticas aclarando que "la ley antirave se refiere a la conducta de invasión arbitraria de grandes grupos que constituya un peligro para la salud y la seguridad pública" y que "no lesiona en modo alguno el derecho de expresión y la libertad de manifestación consagrados en la Constitución y defendidos por las instituciones".

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