Aena ha comunicado que la expansión del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una iniciativa anunciada por Pedro Sánchez en enero, figura como una de las principales prioridades en su plan estratégico hasta 2026. Con la expectativa de un crecimiento del 48% en los ingresos comerciales para 2026 en comparación con 2019, Aena revisa al alza sus metas empresariales, destacando la necesidad de ampliar el aeropuerto madrileño. 

Cuánto costará la remodelación del aeropuerto de Barajas en Madrid

Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de Aena, ha detallado en una reunión con inversores que la expansión costará 2.400 millones de euros en Barajas y esto impulsará la conectividad de España con Latinoamérica y Asia. El propósito es transformar a Madrid en uno de los principales centros de conexión de Europa con esos continentes. 

El presidente Sánchez anticipó esta medida durante la feria turística Fitur en Madrid el pasado enero. Anunció que Adolfo Suárez Madrid-Barajas se convertirá en "el aeropuerto con más potencial de crecimiento de Europa" y que la inversión sería "la mayor de la última década en las infraestructuras aeroportuarias en España". 

Las renovaciones en el aeropuerto Barajas abarcará la ampliación de las terminales T4 y T4S, así como la construcción de un edificio de procesamiento en las terminales T1, T2 y T3, según informan otros medios de España.

El objetivo de esta remodelación es incrementar en un 28% la cantidad de operaciones del aeropuerto, que podría atender a 90 millones de pasajeros. Además, se espera que aporte mayores beneficios a la región, ya que, según palabras de Sánchez, el aeropuerto "representa casi el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid en la actualidad". 

Otra remodelación y una denuncia sobre el retraso 

El presidente de Aena denunció los retrasos que está sufriendo la remodelación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde la situación de los desarrollos inmobiliarios es muy distinta a la de Madrid. 

El representante de Aena ha lamentado unos vetos por parte del Gobierno catalán, que los ha descrito como "muy grave". Este veto afectará de manera muy negativa a la competitividad de la economía catalana.