El decreto ley de la Junta de Andalucía para modificar la Ley de Tributos Cedidos que incluye la supresión del impuesto de patrimonio, la deflactación de los primeros tramos de la tarifa del IRPF y la suspensión de canon de mejora de infraestructuras hidráulicas durante el año 2023 entrará en vigor este jueves 22 de septiembre tras su publicación el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La medida de Juanma Moreno ha provocado una ola de críticas en la cúpula del Gobierno ya que lo han señalado como "el anti Robin Hood". La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha criticado la supresión del impuesto de Patrimonio y la rebaja en el IRPF al acusar al PP de rebajar los impuestos a los más ricos en detrimento de lo público y de la "gran mayoría social".

Aquí entra en juego la diferencias políticas y la batalla por el modelo de administración de las Comunidades. Mientras unas regiones apuestan por rebajas de impuestos con el fin de que el dinero “se quede en el bolsillo de los ciudadanos”, en otras los tributos son más elevados para “garantizar la calidad de los servicios públicos”.

En esta línea, la titular de Ciencia e Investigación ha defendido que el modelo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es el de la "redistribución económica" a través de la inversión de los impuestos para que, según Morant, las cargas de las crisis no las paguen las clases medias y trabajadoras.

En cuanto a la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, Moreno ha señalado que se quiere favorecer que determinadas rentas, que ya pasan largas temporadas en Andalucía, fijen aquí su residencia, contribuyendo con sus impuestos en la comunidad. Ha indicado que la bonificación será del cien por cien y no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la administración autonómica porque apenas supone un 0,6% de lo que se recauda, mientras que sí "atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y del empleo".

Se trata, según ha apuntado, de adaptar la carga tributaria a la coyuntura económica y propiciar que las familias tengan la mayor renta disponible. Así, se aprobará que en la tributación por IRPF, por un lado, se deflactará la tarifa en los primeros 3 tramos de renta en un 4,3%, de manera que los incrementos de salarios para compensar la inflación no supongan un mayor pago de impuestos y, por otro lado, se incrementará en un 4,3% las cantidades que quedan exentas del IRPF en aplicación del mínimo personal y familiar correspondiente al tramo autonómico.

¿Cómo funcionan los impuestos?

El sistema tributario español establece que las comunidades pueden encargarse de gestionar los rendimientos de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Son los gobiernos autonómicos quienes tienen en su mano el poder de subirlo, bajarlo o eliminarlo, por lo que existen grandes diferencias entre regiones. Es por ello que la medida de Moreno ha sido tan cuestionada.

Dentro de los impuestos que se reparten tanto el Gobierno como las comunidades, las mayores diferencias se dan en el IRPF. En este tributo, donde hay un tramo autonómico que se suma al estatal, las comunidades con tipos mínimos más bajos son Madrid, Canarias y La Rioja -un 9%, que se queda en un 18,5% agregado- mientras que el más alto se da en Cataluña -un 12%, el 21,5% agregado-.

Por su parte, el Impuesto de Patrimonio existe en todas las comunidades, si bien algunas aplican bonificaciones que llegan hasta el 100% en el caso de la Comunidad de Madrid y, a partir de ahora, también de Andalucía. Otras regiones como Galicia tienen regulada una bonificación del 25 % y la mayoría aplican incentivos para discapacitados o patrimonios especialmente protegidos.

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