El Congreso ha dado este jueves luz verde a la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como ley de "solo sí es sí", con los únicos votos en contra de PP y Vox y la abstención de CUP. La norma se aprueba de forma definitiva un mes después de su paso por el Senado, en donde una enmienda de Junts, apoyada por PP, ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, retrasaba su puesta en marcha.

"Por fin", ha afirmado la ministra de Igualdad, Irene Montero, para añadir que este "es un día de victoria después de muchos de lucha".

Con la aprobación de esta ley se modifica el Código Penal para suprimir la distinción entre abuso y agresión sexual y convierte el consentimiento expreso en la clave para juzgar delitos sexuales. Lo que se busca no revictimizar a las mujeres en caso de que denuncien una violación y tengan que demostrar que se resistieron.

Hasta ahora, el ordenamiento jurídico en vigor considera agresión tan solo aquellos casos en los que se haya podido probar que la violación se produjo con fuerza o intimidación.

Esta nueva normativa se alínea con lo estipulado por el Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos ratificado por España en 2014, y marca que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". 

Por otra parte, gracias a la ley de "solo sí es sí" desaparece la figura del abuso sexual del Código Penal, ya que todo acto sexual sin consentimiento será considerado una agresión (violación). Se establece además un sistema de penas "progresivo y proporcional a la gravedad", que contempla horquillas más amplias.

Además, considerará violencia sexual la agresión, el acoso callejero, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genital femenina o la pornografía sin consentimiento.

Las nuevas penas

A partir de la aprobación de esta ley, los delitos sexuales serán castigados desde multas hasta con 15 años de cárcel con un sistema progresivo y proporcional de penas. Además, para cada delito puede haber agravantes.

Por ejemplo, los delitos de agresión sexual donde no haya penetración se castigarán entre 1 y 4 años de prisión (actualmente van de 1 a 5) y en los que hay penetración será de 4 a 12 años (en la actualidad van de los 6 a los 12). También se contempla un tipo atenuado con penas que va desde un año de prisión a multas que pueden ir de 12 a 24 meses.

En cuanto a los motivos que agravan las penas se incluyen el hecho de que la agresión sea grupal, que se ejerza violencia o daño grave a la víctima, que esta sea de especial vulnerabilidad, que se utilicen armas o medios peligrosos, que el agresor sea pareja de la víctima o tenga relación de parentesco y que en la agresión sexual se utilicen sustancias se sumisión química para anular la voluntad. En estos casos, las penas se pueden aumentar entre los dos y los ocho años si no hay penetración (en la actualidad es de cinco a diez), y de siete a 15 cuando haya penetración (ahora varía entre los 12 y los 15 años).

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha indicado que hoy es “un día muy importante para las mujeres, un día de victoria, porque después de muchos años de lucha se aprueba definitivamente”. “Nuestro país reconoce por ley que el consentimiento tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales y que ninguna mujer tiene que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como tal”, apuntó antes de añadir que “el grito feminista del ‘solo sí es sí’ y ‘hermana, yo sí te creo’ se convierte en ley”.

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