El anteproyecto de ley de la Función Pública, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, ha levantado una polvareda de críticas por parte de los sindicatos y aplausos por parte de los Inspectores de Hacienda, ministerio donde quiere aplicarse la nueva normativa que permite la evaluación por desempeño de los funcionarios al modelo general de empleo público y cesarlos, en caso necesario, a aquellos que no cumplan sus objetivos.

La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) ha aplaudido el anteproyecto y ha considerado que el resto del texto presenta cambios "muy genéricos", por lo que ha preferido esperar a su posterior desarrollo para valorarlo. No obstante, los inspectores han señalado que la plasmación práctica de las medidas queda en manos del Gobierno, lo que, a su juicio, "no es lo más deseable".

La IHE ha reclamado una planificación estratégica de la Función Pública "de carácter plurianual", basada en los objetivos de la Administración y enfocada en evitar problemas de envejecimiento de las plantillas.

El texto del anteproyecto introduce la regulación de la carrera profesional horizontal. Para el Gobierno esto es una "novedad" en el empleo público, aunque los inspectores de Hacienda recuerdan que la Agencia Tributaria sigue este modelo desde 2007, si bien la crisis financiera congeló su desarrollo.

Los inspectores de Hacienda también han presentado algunas objeciones a las pruebas de acceso a la Función Pública y han cuestionado los nuevos modelos de pruebas, entre los que se plantean exámenes tipo test o eliminación de exámenes en otros casos, así como introducción de entrevistas, o la valoración subjetiva del trabajo desarrollado y minusvalorar la memoria.

El rechazo de los sindicatos

Por su parte, los portavoces para la Administración General del Estado de CC.OO. y UGT han calificado de 'gravísimo' que el Gobierno pretenda utilizar la norma para regular el cese de funcionarios de puestos que han ganado por concurso a partir de un simple informe de evaluación de desempeño sin criterios conocidos y de escasa transparencia, a su modo de ver.

Un comunicado emitido por ambas centrales sindicales cuestiona que se pueda relevar de su cargo a un funcionario a partir de una evaluación que "se plantea como algo irrefutable" y en la que, "la persona no tiene defensa en vía administrativa contra una evaluación negativa de la superioridad".

Los sindicatos han advertido al Gobierno de que plantarán cara a la norma si el asunto no se regula con mayor concreción y más transparencia.

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