Nueve años después del accidente de tren del Alvia 04155 de Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos, la justicia comenzó a analizar este miércoles los fallos que llevaron a este terrible drama ferroviario, en un megaproceso para tratar de reparar el "dolor insoportable" de víctimas y familiares.

Llegados muy temprano en pequeños grupos, con el rostro serio y algunos sin poder contener las lágrimas, los familiares de las víctimas se instalaron en una sala de la Ciudad de la Cultura, transformada excepcionalmente en tribunal para acoger a la gran cantidad de partes presentes. 

"Nos sentimos cansados, tristes y con rabia, con ganas de que se cierre todo este periodo, esta pesadilla. Esperamos una reparación, que se sepa por fin todo lo que se hizo mal", explicó a la AFP María Ángeles Prado, que perdió a su hija de 21 años y a su sobrina en el accidente.

En un escrito remitido a la prensa, las familias de las víctimas admiten "sentimientos encontrado" porque "una justicia lenta" no es justicia. Si ha tardado tanto el comienzo de esta vista oral ello se debe, alegan los afectados, a los vaivenes de la fase instructora, con cambios de jueces y demora en la entrega de varios documentos.

Las causas de la tragedia

El 24 de julio de 2013, el tren de alta velocidad Alvia 04155 procedente de Madrid descarriló brutalmente poco antes de llegar a Santiago de Compostela, estrellándose contra un muro de hormigón a cuatro kilómetros de la ciudad. El accidente causó la muerte de 80 personas, entre ellos 68 españoles, además de varios europeos, latinoamericanos y norteamericanos. Más de 140 pasajeros resultaron heridos. 

La investigación no tardó en revelar que circulaba a una velocidad excesiva: el tren de Renfe circulaba a 179 km/h en el momento de impacto, muy por encima de los 80 km/h marcados como límite para aquel tramo.

El maquinista, Francisco Garzón Amo, que estaba hablando por teléfono con el interventor del tren justo antes del accidente, incurrió en una "imprudencia" y "negligencia", según estimaron los magistrados instructores que decidieron acusar a este hombre de 52 años entonces de homicidio por imprudencia profesional grave.

Junto a él será juzgado Andrés Cortabitarte, antiguo director de seguridad en la circulación de Adif acusado de no haber realizado un estudio de riesgos en la curva del siniestro, que no contaba con sistemas de señalización, de alerta o de freno automático. "Existía un riesgo previsible" que podía haberse tenido en cuenta, estimaron los jueces.  

Los acusados

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para cada uno, mientras que los daños y perjuicios reclamados por las víctimas, que serán debatidos durante el proceso, ascienden a casi 58 millones de euros.

El abogado del maquinista, Manuel Prieto, ha confiado en que los cuatro años de cárcel que le piden nunca lleguen a ser tal: "Esperemos que esa pena no llegue a producirse". La otra, la de la tragedia, "como persona evidentemente la lleva por dentro", ha desvelado el letrado sobre su cliente, y ha admitido que su deseo es que "se sepa toda la verdad".

En total, más de 600 testigos y expertos deben pasar ante el tribunal hasta el 10 de febrero. Un tiempo necesario, según las familias, para determinar "la cadena de negligencias, errores y mentiras" que originaron el accidente.

"Llevábamos casi 10 años esperando", confió de su lado Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, denunciando la "lentitud" de la justicia española. "Es un día importante, pero para pasar página hay que leerla primero", añadió. 

Hasta ahora, "solo el maquinista pidió perdón", siguió Domínguez, quien considera que "también la Adif y las instituciones del Estado tienen responsabilidad", aseguró este hombre que lucha desde hace años para que se reconozcan los fallos cometidos a nivel estatal.

Tanto a Garzón Amo como a Cortabitarte se les imputan ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por el mismo motivo y un delito de daños, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

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