INTENSO DEBATE

La reforma del delito de sedición que podría beneficiar a los separatistas de Cataluña

Si bien fue una promesa de Pedro Sánchez, aún no cuenta con la mayoría parlamentaria para la reforma. De lograrlo, los integrantes del 'procés' obtendrían rebajas en la pena de inhabilitación que pesa sobre ellos desde 2019.

Por
Escrito en ESPAÑA el

El debate sobre la reforma del delito de sedición, un compromiso asumido por Pedro Sánchez a su llegada a Moncloa, ha vuelto a reactivarse en los últimos días en el contexto de la negociación con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Los socialistas justifican su reforma en que las penas previstas para este delito en otros países europeos son más bajas que en España.

Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) desmintió al Gobierno al señalar que en países europeos, como Alemania o Francia, se castigan con hasta cadena perpetua conductas similares al delito español de sedición, para desechar así el argumento de que las penas impuestas a los condenados por el 'procés' eran desproporcionadas.

Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del procés fueran condenados por sedición, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría ese delito y otros varios, como los sexuales o los medioambientales. No obstante, la sedición sigue sin tocarse. ya que el Gobierno asegura no contar con mayoría parlamentaria para aprobar la reforma que podría beneficiar a los integrantes de 'procés' con lo que la oposición ha denominado 'indulto encubierto'.

La promesa de Sánchez

En enero de 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que afrontaba con "amplitud de miras" la revisión del Código Penal para ajustarlo a la "realidad y a la actualidad" en delitos como el de sedición, una promesa que generó un aluvión de críticas desde la oposición.

En las semanas y meses siguiente el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se encargó de defender la reforma de un delito que, alegaba, había sido introducido en el Código Penal en el año 1822, que ya no respondía a la realidad vigente y que, además, estaba castigado con penas "inusitadamente altas", si se comparaba con legislaciones de otros países europeos. Pero nunca se hizo público un anteproyecto o un borrador de la reforma.

El 22 de junio de 2021 el Gobierno concedió finalmente un indulto parcial a los condenados por "razones de utilidad pública", según anunció el propio Pedro Sánchez en una declaración institucional. Se les conmutaba las penas pendientes de prisión, pero se mantenían las de inhabilitación, es decir, que no pueden ejercer cargos públicos mientras dure la pena.

¿Cómo se beneficiarían los separatistas de aprobarse la reforma?

Del alcance de la reforma que baraja el Ejecutivo dependerá su impacto en los líderes del 'procés' condenados, cuyo indulto está recurrido y que podrían beneficiarse de una eventual rebaja de la pena de inhabilitación.

Una reforma de la sedición también podría beneficiar a los dirigentes independentistas prófugos de la justicia española, como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o el exconseller Toni Comín, ambos eurodiputados.

Carles Puigdemont podría ser uno de los beneficiados.

No obstante, no quedarían libres de una eventual condena a prisión aunque el delito de sedición fuera derogado o rebajado a penas mínimas, ya que podrían ser buscados también por malversación, delito castigado con entre dos años y seis de prisión.

¿Qué dice el Código Penal actual sobre la sedición?

El delito de sedición está incluido entre los delitos contra el orden público, en el artículo 544 y siguientes del Código Penal. Castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.

Está penada con entre cuatro y ocho años de prisión, que puede elevarse a una horquilla de entre ocho a diez años si se trata de los líderes de la sedición y de entre 10 y 15 años si quien se alza es una autoridad, que quedará también inhabilitada.

En 2019 el Tribunal Supremo condenó por sedición a los líderes del 'procés' sometidos a juicio. La pena mayor, de trece años, recayó sobre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado también por malversación, como los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

No te olvides de seguirnos en Google News para no perderte nada.