En España, algunos pensionistas no tienen la responsabilidad de cubrir los costos de los medicamentos necesarios para su tratamiento médico. No obstante, la mayoría tiene acceso a descuentos debido a su estatus de beneficiarios de una pensión contributiva.
Este proceso se denomina copago farmacéutico, una medida que determina la cantidad que los ciudadanos deben abonar por la adquisición de ciertos medicamentos o fármacos. En la actualidad, más de 6 millones de ciudadanos en España no tienen la obligación de costear medicamentos, ya que son pensionistas. Sin embargo, es importante destacar que no todos los medicamentos son gratuitos, y los usuarios deben abonar un porcentaje que oscila entre el 10% y el 60% de su precio.
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Los pensionistas en España gozan de diversos beneficios sociales y fiscales. En este contexto, el propósito del copago de medicamentos es dar una asistencia directa a aquellos con menores ingresos. La cuantía de la pensión y el nivel de ingresos juegan un papel crucial en esta disposición.
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En este sentido, el Sistema Público de Salud realiza un seguimiento de los gastos asociados al copago farmacéutico, de acuerdo a la normativa de la Seguridad Social.
Cuál es el porcentaje cubierto para recibir medicamentos gratis, según la pensión
Según las disposiciones legales, aquellos que reciben una pensión y tienen ingresos inferiores a 5.635 euros están exentos del pago de medicamentos. Esta exención también aplica para quienes no están obligados a presentar la Declaración de la Renta y tienen ingresos por debajo de los 11.200 euros.
Para los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros, el coste es de 10% del medicamento, con un límite mensual de 8,23 euros. Si los ingresos van entre 18.000 y 100.000 euros, el porcentaje sigue siendo del 10%, pero el límite aumentó a 18,52 euros.
En el caso de pensionistas con ingresos superiores a 100.000 euros, la obligación es abonar el 60% del precio del medicamento, con un límite mensual de 61,75 euros.
Además, estos pensionistas también están exentos del copago farmacéutico a grupos sociales específicos, como menores de edad con una discapacidad del 33% o superior, y beneficios de la prestación por hijo o menor a cargo.