En octubre pasado el Banco Central Europeo (BCE), presidido por Christine Lagarde, volvió a subir los tipos de interés oficiales en 0,75 puntos para hacer frente a una inflación sin precedentes y se prevé que el organismo europeo vuelva a anunciar una nueva subida. En este contexto, el Banco de España ha advertido acerca de los riesgos que implica esta variable macroeconómica cuando se combina con la elevada deuda pública española.

Además, a este explosivo cóctel se sema el hecho de que los mercados no piensan tolerar altos niveles de deuda, como ya se pudo comprobar hace unas semanas en la dura respuesta que dieron a las medidas fiscales de la exprimera ministra de Reino Unido, Liz Truss.

Todos estos factores han motivado que el Banco de España, en su Informe de Estabilidad Financiera de otoño, advierta acerca del peligro que corre la economía española. 

"El elevado endeudamiento público existente supone una vulnerabilidad de la economía española, en particular en un contexto en el que el proceso de normalización de la política monetaria ha elevado el coste financiero de la deuda pública”, asegura la entidad en su informe.

Una de las principales consecuencias de una subida de tipos de interés es el encarecimiento de la financiación para todos los agentes económicos: la empresa, la familia y el propio Estado. Y ello ya se reflejaba en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, que dedica 31.275 millones de euros al pago de intereses de la deuda pública, un 3,6% más que en las cuentas de 2022.

Por otra parte, el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios está impactando directamente en los ciudadanos y las empresas. "La probabilidad de que la zona del euro registre una recesión técnica es ahora mayor", alerta el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. 

"Si las perspectivas continúan deteriorándose, no puede descartarse que se incremente la frecuencia de los impagos empresariales, en particular entre las empresas más intensivas en energía", recoge el informe.

A nivel ciudadano, el incremento exponencial en los precios del gas y de la electricidad está mermando el poder adquisitivo de los hogares y "reduciendo su capacidad de reembolso de los préstamos", como los hipotecarios.

En ese sentido, el Banco de España indica que “las medidas deben centrarse en los hogares de rentas más bajas, que son los que más padecen el impacto de la inflación, y en las empresas más vulnerables a esta perturbación”, lo que supone un claro aviso al Ejecutivo de cara a la posible prórroga de medidas como las ayudas al combustible o al transporte público.

Como consecuencia del endeudamiento, las entidades bancarías tendrán que hacer frente a mayores pérdidas a medio plazo. Aunque los Estados han proporcionado apoyo económico a empresas y ciudadanos para hacer frente al impacto socioeconómico de la inflación, "los altos niveles de deuda pública tras la pandemia, junto con el endurecimiento de las condiciones de financiación, limitan el margen para adoptar medidas de expansión fiscal que no supongan riesgos". 

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